El mal de Valparaíso
Patricio Araya
@patricioaragon
Periodista
La desventura de Valparaíso es
más aterradora que el mall que la empresa Mall Plaza planea instalar en el
sector del muelle Barón, tiene que ver con el proceso de deconstrucción del que
viene siendo objeto de manera sostenida en los últimos cuarenta años. Más allá
de la acepción del término “deconstruir” –que se refiere a deshacer por medio del análisis los
elementos que constituyen una estructura conceptual– la realidad es que
Valparaíso viene desplomándose a vista y paciencia de autoridades locales,
regionales y nacionales. Un perverso proceso de deconstrucción, cuya víctima
ulterior, es la cultura porteña.
Desde mediados de los años setenta, Valparaíso ha sido
despojado de fábricas, medios de transportes, ascensores –de los cuales llegó a
tener una treintena en su apogeo–, agencias de aduana que emigraron a Santiago,
oficinas de abogados, comercios varios, lugares de entretención, hospitales
–entre ellos, el Enrique Deformes, cuyas funciones como maternidad fueron absorbidas
por el ya colapsado hospital Carlos Van Buren, y el antiguo hospital
Ferroviario–, empresas de servicios, y suma y sigue.
En julio de 2003, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), le
concedió al casco histórico de Valparaíso la pomposa categoría de Patrimonio de
la Humanidad, cuestión que, lejos de poner a la ciudad en la senda del
desarrollo y la figuración a nivel mundial como un sitio de interés histórico,
artístico, científico, estético, arqueológico y antropológico, causó el efecto
paradojal. Nada de desarrollo ni figuración. Por el contrario, sólo pobreza y
destrucción. Y feísmo. Nostalgia.
Tal
como le sucede al equipo de fútbol o al tenista de moda que, tras ser motejado
como “favorito” sólo se dedica a perder, el pobre Valparaíso tampoco cumplió con
las expectativas, es decir, fue incapaz de soportar una carga semejante.
Entonces, ¿quiénes son los responsables del creciente estado
de precariedad que sufre Valparaíso?, ¿quiénes se han esmerado en desarticular
sus estructurales fundacionales, su patrimonio, su cultura? Basta darse una
vuelta por el mercado El Cardonal, con su antes maravilloso segundo piso ahora convertido en chiquero, o
por el ya fenecido mercado del Puerto y su aspecto de fin de mundo, o hallarse un
día cualquiera en medio de una balacera en el barrio El Almendral, para esbozar
algunas respuestas.
Para responder estas preguntas, primero es necesario
diferenciar a Valparaíso de su triple condición. En efecto, Valparaíso es una
comuna, cuyas características urbanas y estructurales la convierten en una
ciudad, pero también es una provincia, que incluye otras seis comunas (Viña del
Mar, Puchuncaví, Concón, Juan Fernández, Quintero y Casablanca), y por último,
es capital regional, rango que lo pone al frente de otras siete provincias (San
Antonio, Petorca, Los Andes, San Felipe, Isla de Pascua, Quillota y la recién
creada Marga-Marga). Por tanto, cuando se habla de Valparaíso utilizando el
criterio de la declaración de la UNESCO (casco histórico), se entiende que el
vocablo “Valparaíso” queda acotado sólo para la ciudad del mismo nombre, y a
cuya cabeza se halla un alcalde, y no un intendente; un Concejo municipal, y no
un Consejo regional (Core), cuyo ámbito de competencia es mucho más amplio.
La administración de la comuna (ciudad) de Valparaíso es
responsabilidad exclusiva de sus autoridades locales, y son éstas quienes deben
gestionar ante el Gobierno regional (representante del Gobierno central) los
recursos complementarios para la ejecución de proyectos que requiere la comuna.
Valga esta explicación para entender que cuando se quiere escindir de
responsabilidad a quienes incumplen su rol de administradores de la ciudad de
Valparaíso, suele hablarse de ella desde su perspectiva de capital regional, y
no como es, una ciudad, una comuna, al fin.
La explicación recurrente respecto a la pobreza y el
desempleo crónicos de Valparaíso, así como de su aspecto abandonado y sucio,
siempre se hace desde la queja del centralismo. Curioso en todo caso, pues, de
ser cierto semejante argumento, se percibiría un estado similar en el resto de
las provincias de la V región, cuestión que no siempre es así.
El mal de Valparaíso, es y ha sido, la pésima calidad de
sus alcaldes y respectivos concejos municipales. No es posible que se gobierne
una comuna de la magnitud de Valparaíso, empoderado de una capacidad envidiable
de dar explicaciones. Así se han cerrado hospitales, colegios, fábricas, y se
ha permitido que los visitantes conviertan la ciudad en una letrina al aire
libre, sin que a nadie se le mueva un pelo.
Dadas las particulares características de la comuna-ciudad
de Valparaíso, se hace necesario gobernarla de manera inclusiva, y para ello se
cuenta con un mecanismo legal, como es la Ordenanza de
Participación Ciudadana, aprobada por el municipio porteño el 24 de
noviembre de 2011, mediante el Decreto Nº 3088, en cuyo primer artículo define
la Participación Ciudadana como “la
posibilidad que tienen los habitantes de la comuna de Valparaíso de intervenir,
tomar parte y ser considerados en las instancias de información, ejecución y
evaluación de acciones que apunten a la solución de los problemas que los
afecten directa o indirectamente en los distintos ámbitos de la actividad de la
Municipalidad, y el desarrollo de la misma en los diversos niveles de la vida
comunal”. En su artículo 2º, la misma Ordenanza –cuya data original es de
1999–, señala que su objetivo principal es “promover
la participación de la comunidad local para el progreso económico, social y
cultural de la comuna”.
De lo anterior se colige que los destinos de Valparaíso –como
es de suponer– dependen siempre de sus habitantes. Sólo hay que ejercer los derechos
que la propia ley pone a disposición de los afectados. Y en ello, alcalde y
concejales, tienen la obligación legal de socializar la referida Ordenanza. No
basta con que el municipio la publique en su sitio web, y pretender que de esa
forma se cumple con la ley. La Participación Ciudadana, a diferencia de cómo
suelen entenderla los alcaldes de turno, no es un acto de proselitismo en
beneficio de ellos, sino un instrumento democrático que facilita la correcta
toma de decisiones.
Si las autoridades comunales de Valparaíso quieren
desprenderse del mote de ineficientes y oportunistas, deberían empezar por
difundir la Ordenanza de Participación Ciudadana, y hacer que cada vecino la
conozca para que se involucre en los niveles de decisión que le franjea la ley.
Desde ya, señores ediles del Puerto, vayan por juntas de vecinos, clubes
deportivos, de adultos mayores, ferias, calles, pasajes, cerros, copia en mano
explicándole a la gente que esa cuestión llamada Ordenanza de Participación
Ciudadana, es mucho más que un simple archivo pdf almacenado en el portal del
municipio. De seguro no les costará mucho recorrer esos caminos, al fin y al
cabo, es un ejercicio muscular que hacen cada cuatro años, cuando la necesidad
de ser reelectos los hace saltar del mullido cojín al adoquín mojado y a los
charcos de la miseria porteña.
¡Hagan la pega!